Si no se controla la violencia en México, agresiones contra periodistas seguirían

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano, asegura que desde los gobiernos anteriores se impuso el silencio sobre la violencia que vivía el país y así llegamos a la descomposición que vivimos hoy

Impunidad en crímenes contra la prensa, fue el título de la mesa.

¿Qué se puede hacer en México, donde 10 periodistas han sido asesinados apenas desde el 1 de diciembre de 2018, para detener la violencia en contra de la prensa y de la libertad de expresión?

Ahora mismo, parece que no mucho.

De acuerdo con Alejandro Encinas, si no cambia la situación de violencia que se vive en el país, no va a cambiar la situación de violencia que viven los periodistas.

Y con ese planteamiento el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, abonó al gris panorama, por decir lo menos, que han enfrentado los periodistas mexicanos en los últimos meses.

La frase resulta especialmente preocupante si se tienen presentes las cifras que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en abril pasado.

Durante el primer trimestre del 2019, se registraron en el país 8 mil 493 homicidios dolosos, es decir, 9.60% más que en el mismo periodo del 2018, año que fue considerado el más violento en la historia reciente del país.

La pregunta inicial y la correspondiente respuesta de Encinas se produjeron durante la primera mesa de la Cumbre de Libertad de Prensa México, organizada en la capital del país este 18 de junio por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En esa primera mesa, que llevó el título de Impunidad en crímenes contra la prensa, participaron la activista Patricia Espinosa, hermana del foto-reportero Rubén Espinosa, asesinado en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015; Ismael Bojórquez, director del semanario sinaloense Ríodoce, Lucy Sosa, reportera de Ciudad Juárez y la periodista de investigación Anabel Hernández.

Adela Navarro, directora del semanario tijuanense Zeta, moderó la mesa.

Justo antes de la intervención de Encinas, la reportera Anabel Hernández ensayó un intento de respuesta a la pregunta que hurgaba por el origen de la violencia contra los periodistas y la impunidad (cercana al 99%) que impide que se castiguen los delitos que se comenten contra ellos.

“Desde hace décadas las instituciones en este país no funcionan… por eso están matando a la gente… los grupos de poder económico y político en México, vinculados con el crimen organizado, gozan de total impunidad”, dijo la reportera.

Desde un principio las cosas se pusieron poco amables para Encinas y el gobierno al que representa.

El director del CPJ, Joel Simon, durante la bienvenida a público y panelistas, dijo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más accesible para la prensa en la historia reciente de México, pero agregó que el CPJ se cansó de invitarlo a la cumbre y AMLO nunca confirmó.

A Adela Navarro, la directora de Zeta de Tijuana, publicación emblema en el país, el desaire no le pasó inadvertido.  

Puntillosa, Navarro comentó que no dejaba de ser curioso que el presidente que dijo que no iba a ir por los grandes capos del narcotráfico y que ofreció un borrón y cuenta nueva a los corruptos del pasado, haya desairado una cumbre de y para una prensa para la que, ahí sí, tiene siempre a mano y a tiempo descalificativos como “sensacionalista”, “amarillista” o “fifí”.  

Lo que siguió después fue un relato justamente de eso, de Impunidad.

Asistentes a la cumbre sobre periodismo, organizada por el CPJ en el museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México,

Patricia Espinosa enumeró una a una todas las irregularidades que rodearon el asesinato de su hermano Rubén Espinosa, ocurrido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, el 31 de julio de 2015, junto a cuatro mujeres.

Lucy Sosa, una de las periodistas más avezadas en Ciudad Juárez, habló del miedo que se ha convertido en un compañero inseparable del periodista en tierras donde la línea entre criminales y autoridad se ha hecho profundamente difusa.

Ismael Bojórquez, director del semanario sinaloense Ríodoce, reconoció que él y su equipo tienen “un gran temor” de que ni siquiera sean sentenciados los dos presuntos autores materiales del homicidio de su compañero Javier Valdez, asesinado en Culiacán el 15 de mayo de 2017.

Mucho menos confianza tiene, dijo, en que se identifique plenamente al autor intelectual del que consideró un crimen de “odio”.

Durante su participación, Anabel Hernández dijo que a López Obrador no se le debería olvidar que el trabajo de una prensa que durante los últimos años denunció la corrupción en este país es en parte responsable de construir la conciencia ciudadana que lo llevó al poder.

Finalmente, para cerrar el intercambio, Encinas reconoció que México vive una crisis humanitaria en materia de violaciones a los derechos humanos, una crisis que se creó, gracias en buena medida al silencio que sobre lo que ocurría en el país se impuso desde el gobierno.

“Ese silencio nos llevó a la situación de violencia que vivimos hoy”, dijo Encinas, quien cerró diciendo que el gobierno reconoce la crisis y que ese es el punto de partida desde donde intentarán cambiar el gris panorama que enfrentan los periodistas y todos los ciudadanos de este país.