Periodistas, en el fuego cruzado de la narcopolítica

#SilencioEsComplicidad. Inicia jornada de actividades en memoria de Miroslava Breach.

Los periodistas que investigan los despojos de tierra, el desplazamiento forzado de comunidades, los megaproyectos energéticos y los negocios empresariales, son objetivos de agresiones del crimen organizado y los políticos, concluyeron los participantes del panel “Periodismo entre fuego cruzado, zonas de silencio y narcopolítica”.

Esta mesa de trabajo forma parte de la jornada de actividades realizadas en memoria de Miroslava Breach Velducea, periodista originaria de Chínipas, Chihuahua, quien cubría temas de política, derechos humanos, indígenas y narco en la zona serrana del Estado. La reportera que trabajó para la La Jornada, el Diario de Chihuahua, el Norte de Ciudad Juárez y el Heraldo de Chihuahua, fue asesinada el 23 de marzo de 2017, sin que hasta el momento el Gobierno mexicano identifique al autor intelectual.

En su participación, la periodista Marcela Turati relató que su compañera Breach Velducea progresivamente fue cambiando la cobertura de sus temas porque el fenómeno que vivían las comunidades indígenas la orientaron hacía allá, de la política al narco. Al principio, cubrió el despojo de la tala de árboles en la sierra tarahumara, los desplazamientos forzados de la comunidad, los megaproyectos que, finalmente, la condujeron a la narcopolítica. Lo que puso en riesgo a su vida.

Respecto a su asesinato, señaló Turati, la Fiscalía General de Chihuahua y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión aún no responde las siguientes preguntas: “¿por qué nada más hay una persona detenida?, ¿dónde están los demás?, ¿por qué no tenemos a los autores intelectuales?, ¿por qué la investigación se queda en un supuesto sicario o jefes de sicarios y no se va más allá, de quiénes son sus jefes, para quiénes trabajan? Y por último esta otra pregunta: ¿quién permitió que en estas elecciones en Chínipas, un cuñado de los Salazar fuera Presidente Municipal?”.

El asesinato de Breach Velducea está relacionado con Crispín Salazar, líder de la banda criminal Los Salazar, una escisión del Cártel de Sinaloa que opera en Sonora y Chihuahua, en México, y con Arizona, en Estados Unidos. En febrero, Édgar Salazar, hijo de Crispín Salazar, fue detenido y acusado como autor material de la periodista. https://aristeguinoticias.com/2512/mexico/por-que-asesinaron-a-miroslava-breach/

Tras el asesinato de Breach Velducea, en esta región serrana de Chihuahua ya no se hace periodismo, se ha convertido en una zona de silencio, evidenció Turati.

Zonas de silencio

Jan Jarab, representante en México de la Organización de Naciones Unidas, exhibió que la violencia contra los periodistas tiene como origen las redes de complicidad forjadas entre el crimen organizado y las autoridades.

Estas agresiones intentan silenciar a los reporteros y crear zonas de silencio que les permita operar, dijo.

“(Es) la creación de las zonas silenciadas, estas zonas donde se encuentran los periodistas investigativos valientes en el fuego cruzado, y donde se aplica muchas veces una variación de la ley de la plata o plomo, unos perciben dinero a través de la publicidad oficial, mal regulada en este país; y otros enfrentan riesgos de violencia extrema”, evidenció.

Jarab expuso que el común denominador de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos es la impunidad.

“Es una batalla contra el tiempo, no te matan la primera vez, te matan la segunda vez, o te matan la tercera vez”, expresó.

Redes de complicidad

Para Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, los periodistas y defensores de derechos humanos que denuncian la corrupción se enfrentan a tres redes, a las políticas, a las empresariales y a las criminales.

“El periodismo y las y los defensores de derechos humanos que están denunciando el despojo de tierra, por ejemplo, se enfrentan a estas tres redes. Por un lado, se enfrentan a las redes políticas, a las redes empresariales y a las redes criminales, mientras que del otro lado no existe ningún sustento, es decir, del lado del Estado no hay ningún respaldo, ni a nivel federal, ni mucho menos a nivel estatal”, evidenció.

“En un marco de prácticamente absoluta impunidad. No podemos hablar de fiscalías con problemas cuando el nivel de impunidad es cercano al 100 por ciento. Esta es una política de Estado, no es una falla de institución”.

En su intervención en el panel, Dayán dijo que el Gobierno mexicano ha sido incapaz de procurar justicia y verdad en las agresiones a periodistas: “jamás se desmantela o se pretende echar luz desde el Estado a estas redes, a estos altos mandos de altos de redes criminales, o de redes empresariales”.

Sin sentencias contra agresores

En los dos últimos años en México, se han detenido a 23 personas detenidas que fueron acusadas de asesinos materiales de periodistas, sin que hasta el momento hayan recibido sentencia, evidenció Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras.

No hay casos de detención de autores intelectuales de las agresiones, salvo el caso del asesinato del periodista de Manuel Buendia, periodista asesinado el 30 de mayo de 1984, quien escribía la columna Buendia Red Privada publicada en el periódico Excélsior.

“México es un país que ha creado numerosas instancias de defensa y de protección a periodistas que se han quedado cortas, ante la situación cada vez más compleja de los ataques de periodistas en México”, criticó.